El uso de criptomonedas ha avanzado exponencialmente en la última década y cada tanto son tendencia ya sea sobre su valor, nuevos tipos o su aparición en los principales portales de noticias por diversos motivos, lo cierto es que este vertiginoso avance en el uso de criptodivisas contrasta con el ámbito de la regulación jurídica, que todavía necesita más estudio para brindar un marco legal claro y sólido para su empleo.
En este sentido, mencionar que de hecho no existe un consenso universal sobre el concepto las criptomonedas es un ejemplo de la rigurosa labor a la que se enfrenta la normativa jurídica. En algunos países son consideradas mercancías, en otros son denominadas transferibles, activos financieros o divisas digitales. A efectos de las normas en cada nación reciben un trato determinado; aunque las mayores preocupaciones son básicamente las mismas, o sea, garantizar el uso seguro y controlar la trazabilidad, evitar fraudes, así como la evasión y el lavado de dinero, entre otras.
Por otra parte, las diferentes instituciones que pretender prevenir lo anterior mencionado, van por detrás de las tendencias, por ejemplo, a pesar de la falta de normativas y la aparente poca garantía en el valor de los bitcoins (recordemos que en el 2022 perdieron un estimado del 60% de su valor) estos siguen creciendo y existe un aproximado de 700 tipos diferentes.
Además, Wirex, la aplicación de pagos en criptomonedas, firmó a inicios del 2023 una asociación a largo plazo con Visa para fortalecer su presencia en Reino Unido, Europa y los EE. UU. y expandir su emisión de tarjetas de monedas digitales.
En otro caso, El Salvador sigue apostando a la divisa digital de manera campante, recordemos que fue el primer país en adoptar al bitcoin como moneda de curso legal en el 2021, y durante noviembre del 2023 fue aprobada la Ley de Valores Digitales que determina la creación tanto de la Comisión Nacional de Activos Digitales, así como de la Agencia Administradora de Fondos Bitcoin. Ambos organismos básicamente se dedicarán a regularizar el uso de estos activos.
En la mencionada ley se expresa la necesidad de «establecer el marco legal que otorgue certeza jurídica a las operaciones de transferencia a cualquier título de activos digitales que se utilicen en las emisiones de ofertas públicas realizadas en El Salvador». Esta ley, al igual que otras anteriores, pretenden incrementar el atractivo de inversiones del país centroamericano, argumentando en sus consideraciones que el entorno económico mundial está cada vez más digitalizado e interrelacionado.
En otras regiones, investigaciones como “Análisis del impacto legal por la falta de normativas jurídicas que regulen el uso de las criptomonedas en el Paraguay” exploran diferentes intentos legislativos, desde los que podrían convertir al Paraguay en la potencial segunda nación en aceptar el curso legal de las monedas digitales, hasta las iniciativas de fomentar la industria de la criptominería, debido a la gran capacidad que tiene el país de generar energía hidroeléctrica, considerado uno de los mayores exportadores de este tipo de energía limpia en el mundo.
Finalmente, el documento conocido como la Regulación MICA (por las siglas en inglés de Markets in Crypto Assets) parece ser uno de los esfuerzos más titánicos por regularizar el mercado de los criptoactivos. Y es que la Unión Europea desarrolla un esfuerzo comunitario desde el 2018 para afinar detalles y poner a punto esta legislación; en principio se espera que entre en vigor en el 2024.
MICA aborda el tema desde el lado de brindar garantías y ofrecer mayor confianza en el uso de las divisas digitales. Parcialmente estará activa desde el 2023 y pretende marcar un antes y un después. En tanto, existen dos corrientes, la más optimista agrupa a expertos que defienden las regulaciones como la única forma de contener y esclarecer el escenario.
Mientras, otra tendencia expresa preocupación por destinar tantos recursos y esfuerzo a un mercado volátil que no ha terminado de estabilizarse, por lo tanto, mucho de estos esfuerzos, creen, puede desalentar o perjudicar a usuarios e inversores por igual.
De todas formas, MICA se perfila como un gran avance para el mercado de los criptoactivos y la regulación no dará marcha atrás. Tanto escépticos como simpatizantes coinciden en que representará una enorme prueba para teorizar los efectos y alcances en el complejo mundo de este tipo de monedas, así como en el universo digital en el que se desenvuelven generando expectativas alrededor del globo.
