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La protección jurídica del agua

La protección jurídica del agua

El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, oportunidad en el que organismos internacionales realizan un balance para determinar los avances en torno al acceso del agua como un derecho para todas las personas. En el 2015 las naciones se comprometieron en impulsar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), resaltando que para el 2030 el derecho al agua y saneamiento sería universal.

Si bien, la Organización de las Naciones Unidas estima que este objetivo está aún muy distante y, al parecer, en el 2030 no sería posible concretarlo, de igual forma se han logrado meritorios avances en distintas partes del mundo. La Directiva marco sobre el agua (DMA) y la Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM), impulsados por la Unión Europea, son ejemplos que intentan reforzar el acceso al agua desde un punto de vista holístico, tomando en cuenta que el vital líquido afecta a todas las relaciones humanas.

Estas directivas intentan prevenir y reducir la contaminación, promover el uso sostenible, proteger y mejorar el medio acuático, así como paliar los efectos de inundaciones y sequías. Los Estados miembros están obligados a promover planes hidrológicos y generar programas con medidas específicas aplicables en cada sitio, resultados que en conjunto pretenden conseguir lo anteriormente citado.

“Manos Unidas” en una de las tantas ONG que realizan actividades en poblados con necesidades de acceso al agua, desde capacitaciones para reutilizar agua de lluvia hasta perforaciones para extraerla. Este tipo de intervenciones son realizadas por variadas organizaciones en todo el mundo, pero no reciben, por lo general, un apoyo directo desde la jurisprudencia de los países y sus acciones son más de índole filantrópica.

Desde las primeras herramientas internacionales como la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta de la Naturaleza de 1982 y la Carta de la Tierra del año 2000, que sumaron temáticas vinculadas con la conservación de la naturaleza, la integridad ecológica y la paz, entre otros asuntos existe una crítica con relación a ordenamientos jurídicos que no ofrecen verdaderamente soluciones, a más de instar “desde el papel” y no ofrecer prácticas concretas.

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En un aspecto general, la protección jurídica del agua, según varios expertos y experiencias en distintos países, requiere una visión reforzada sobre la problemática, es decir, contemplar la economía, el uso recreativo, la alimentación, el saneamiento y todos los aspectos en los que el agua es de vital importancia para el desarrollo de las comunidades a nivel global.

Finalmente, existe una gran expectativa sobre la Conferencia de la ONU sobre el Agua en Nueva York, celebrada este año del 22 al 24 de marzo.  En la oportunidad líderes mundiales, sociedad civil y diversas organizaciones compartirán experiencias y presentarán nuevas soluciones para conseguir el ansiado objetivo. La Conferencia del Agua 2023 es la primera cumbre de este tipo que se celebra desde 1977 y culminará en la creación de una nueva Agenda de Acción Hídrica.


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